Unas imagenes de Cerro Colorado, un bosque victima de los incendios forestales
http://www.youtube.com/watch?v=2_h6cExCv_4&feature=g-upl
martes, 13 de diciembre de 2011
domingo, 19 de junio de 2011
Yasuni
Señor presidente, déjese de pendejadas y explote nomas el Yasuní. No nos haga más los bobos. Deje de jugar con los plazos y los milloncitos. No nos van a pagar lo que usted pide. Puede que sea una idea innovadora, pero pregunte a los innovadores cuantas ideas buenas no funcionaron. No basta con que sea una buena idea.
Deje su chantaje al mundo exterior. Parece un niño chiquito. “Si no me compras un regalo, no me tomo la sopa”. Eso es ecologismo infantil
Explote nomás el Yasuní. Pero eso sí, cumpla con todas las normas de la Constitución, la ley y los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Permítame recordarle que con bombos y platillos se aprobó en el Ecuador una Constitución que reconoce derechos a la naturaleza. Derechos que según sus ministros justifican actos como dinamitar maquinaria que está destruyendo los bosques y afectando a la gente. Entonces, bajo esa misma lógica, cualquiera que dinamite un pozo petrolero y que lo haga en bien del ambiente y de la gente, no será culpable de nada sino un paladín de la justicia ambiental.
Yo se que la ley forestal, vigente desde 1981, puede estar bastante desfasada. Yo se que a estas alturas puede parecer un mamotreto. Pero es la ley y según entiendo hay que cumplirla. Dicha ley establece que en parques nacionales y el Yasuní hasta donde yo se es Parque Nacional, no se pueden realizar actividades productivas. Entonces?
Bajo que concepto se incumple una ley tan clara? Supongo que el pragmatismo impone que se deben utilizar los recursos de petróleo para generar los ingresos que permitan al gobierno desarrollar sus programas. La lógica es simple y brillante, pero como buen economista usted sabe que dicha lógica no ha incorporado los valores que corresponden a la naturaleza y a los servicios actuales y potenciales que nos prestan. Muchos sostenemos que la riqueza no es el petróleo sino la biodiversidad.
Pero explotar la biodiversidad es mucho más difícil que explotar el petróleo. Requiere inteligencia y honestidad. Dos cosas que usted promueve a destajo: mentes lúcidas y manos limpias.
Yo voté no a la constitución porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero soy un hombre democrático que acepto mis derrotas. Entonces, asumo que la Constitución está vigente y que tengo que cumplirla. Lo de los derechos de la naturaleza me parece algo lírico pero casi imposible de aplicar en la práctica porque poniéndose la mano en el corazón, no sería posible desarrollar casi ninguna actividad humana para poder permitir que sus derechos no sean vulnerados. En la práctica es así. Pero existen dichos derechos, están consagrados en nuestra carta magna. Así que toca cumplirlos. Más aún su gobierno que con tanta devoción redactó e hizo aprobar la Constitución
Una explotación del Yasuní es anticonstitucional. Más allá incluso de las excepciones previstas. Porque la naturaleza, que explota en ese lugar, tiene derechos que no se pueden vulnerar. Incluso el mecanismo previsto de declarar el interés nacional y luego la consulta no basta. Porque derecho es derecho y la naturaleza tiene los suyos.
Yo se que lo que digo puede sonar infantil. Pero lo infantil no soy yo sino la Constitución. Violarla en nombre del pragmatismo no se si sea lo correcto en una democracia. Ese es el acuerdo al que llegamos los ecuatorianos.
Viva y asuma su contradicción. Algunos ya sabemos que el plan B está avanzando, que ya están obteniendo licencia ambiental para la exploración. Deje de vernos la cara y explótelo nomas. Si la Constitución y su conciencia se lo permiten.
Deje su chantaje al mundo exterior. Parece un niño chiquito. “Si no me compras un regalo, no me tomo la sopa”. Eso es ecologismo infantil
Explote nomás el Yasuní. Pero eso sí, cumpla con todas las normas de la Constitución, la ley y los tratados internacionales de los cuales el Ecuador es signatario. Permítame recordarle que con bombos y platillos se aprobó en el Ecuador una Constitución que reconoce derechos a la naturaleza. Derechos que según sus ministros justifican actos como dinamitar maquinaria que está destruyendo los bosques y afectando a la gente. Entonces, bajo esa misma lógica, cualquiera que dinamite un pozo petrolero y que lo haga en bien del ambiente y de la gente, no será culpable de nada sino un paladín de la justicia ambiental.
Yo se que la ley forestal, vigente desde 1981, puede estar bastante desfasada. Yo se que a estas alturas puede parecer un mamotreto. Pero es la ley y según entiendo hay que cumplirla. Dicha ley establece que en parques nacionales y el Yasuní hasta donde yo se es Parque Nacional, no se pueden realizar actividades productivas. Entonces?
Bajo que concepto se incumple una ley tan clara? Supongo que el pragmatismo impone que se deben utilizar los recursos de petróleo para generar los ingresos que permitan al gobierno desarrollar sus programas. La lógica es simple y brillante, pero como buen economista usted sabe que dicha lógica no ha incorporado los valores que corresponden a la naturaleza y a los servicios actuales y potenciales que nos prestan. Muchos sostenemos que la riqueza no es el petróleo sino la biodiversidad.
Pero explotar la biodiversidad es mucho más difícil que explotar el petróleo. Requiere inteligencia y honestidad. Dos cosas que usted promueve a destajo: mentes lúcidas y manos limpias.
Yo voté no a la constitución porque no estoy de acuerdo en muchas cosas. Pero soy un hombre democrático que acepto mis derrotas. Entonces, asumo que la Constitución está vigente y que tengo que cumplirla. Lo de los derechos de la naturaleza me parece algo lírico pero casi imposible de aplicar en la práctica porque poniéndose la mano en el corazón, no sería posible desarrollar casi ninguna actividad humana para poder permitir que sus derechos no sean vulnerados. En la práctica es así. Pero existen dichos derechos, están consagrados en nuestra carta magna. Así que toca cumplirlos. Más aún su gobierno que con tanta devoción redactó e hizo aprobar la Constitución
Una explotación del Yasuní es anticonstitucional. Más allá incluso de las excepciones previstas. Porque la naturaleza, que explota en ese lugar, tiene derechos que no se pueden vulnerar. Incluso el mecanismo previsto de declarar el interés nacional y luego la consulta no basta. Porque derecho es derecho y la naturaleza tiene los suyos.
Yo se que lo que digo puede sonar infantil. Pero lo infantil no soy yo sino la Constitución. Violarla en nombre del pragmatismo no se si sea lo correcto en una democracia. Ese es el acuerdo al que llegamos los ecuatorianos.
Viva y asuma su contradicción. Algunos ya sabemos que el plan B está avanzando, que ya están obteniendo licencia ambiental para la exploración. Deje de vernos la cara y explótelo nomas. Si la Constitución y su conciencia se lo permiten.
sábado, 4 de junio de 2011
Minismo Infantil
En principio podría estar de acuerdo. Que jodan a esos hijos de puta que talan los bosques y que contaminan los ríos. Abajo la minería ilegal.
Pero como siempre, no todo es tan sencillo. Cuando uno lo mira de lejos puede parece así de fácil, pero a medida que uno se va acercando se hacen evidentes los matices.
¿Qué matices puede haber? La minera es una actividad dañina para el ambiente. Cualquier minería lo es. Basta con conocer cualquier mina para darse cuenta. Y no me refiero solo al ambiente compuestos por las plantitas y arbolitos, sino al ambiente humano. En “minismo infantil” pensar que luego de haber hecho minería a cielo abierto se puede restaurar algo y respetar los derechos de la naturaleza consagrados en la constitución. No se puede restaurar algo donde la misma base de la vida, el suelo, ha sido complemente eliminado. Por no hablar del agua que debe ser devuelta en iguales condiciones a las que fueron extraídas.
Lo único que me parecería ecológico de una minería es que con la plata que genere que conserve y de verdad una superficie igual o mayor a la destruida. Pero no en el mismo sitio. No se si entendieron. NO SE PUEDE. Pero reconozcamos con técnica y sinceridad que el sitio mismo de la mina quedará destruido. Creo que para poder seguir conversando tenemos que tener eso claro.
Los matices vienen por el lado de que el estado ecuatoriano y por ende nosotros podría beneficiarse de los recursos generados por la minería. Las cifras que mencionan los expertos son altas. Sería excelente contar con esos recursos para construir escuelas, capacitar maestros, mejorar el sistema de salud, continuar el trabajo con los discapacitados, construir mejores caminos, invertir en la conservación del patrimonio natural y cultural, mejorar los recursos para que exista una justicia más ágil. Tanta cosa buena se puede hacer con esa plata. A nivel del gobierno central y a nivel de gobiernos locales.
También supongo que la actividad generará empleo. Y eso es bueno. Que la gente pueda comprar comida, que pueda educar a sus hijos, cubrir sus necesidades de salud. Y por que no, darse gustos como viajar, comprarse un blackberry o un buen carro.
Los matices vienen por el lado de que en este juego no solo participan grandes inversores, que generalmente son unos hijos de puta, sino también gente con necesidades insatisfechas. Campesinos que prefieren una vida sacrificada en la mina que robar o pedir caridad.
Esta claro el dilema. Los bosques no da de comer, las minas si. Se puede discutir. Porque bien empleados, los bosques podrían generar ingresos que a lo mejor no son tan abrumadoramente gigantescos como los de la minería si son a largo plazo y en teoría sustentables. Estamos sentados en la mina de oro dice Rafael Correa. Yo pienso que estamos sentados en la mina de los bosques tropicales.
Entonces, volviendo al principio. Podría estar de acuerdo en que fue una buena idea dinamitar unas maquinas que estaban causando un claro perjuicio. Que en principio estaban violando la ley y la constitución mas verde de todas. Me imagino las piezas de metal reventándose y me deleito pensando que ya no se va a destruir más biodiversidad.
Pero la verdad, no creo que sea la manera más adecuada de enfrentar el problema. El precedente es nefasto. De cualquier manera, buena o mala, necesitamos una justicia que parta de un debido proceso. Lo otro es muy peligroso.
Un periodista afin al gobierno critica que los ecologistas no apoyen una medida como esta. Da a entender como que nuestro silencio es cómplice. Y yo le digo, que los que trabajamos seriamente por las causas ambientales hemos denunciado en diferentes espacios y publicaciones lo que pasa en Esmeraldas. Como la provincia verde ha pasado a ser café. Efectivamente no hemos logrado detener la tala. Quizás no hemos dado con la estrategia adecuada, pero nadie como nosotros, los serios, hemos puesto en la mesa de discusión el tema.
No nos escondemos. Pero no nos busquen para avalar una acción contraria a la ley y a la constitución. Asuman como gobierno las consecuencias de lo que están haciendo. Si la gente empieza a tomar medidas de justicia por mano propia para evitar la corrupción de la misma, no vayan a condenarlos con su descarado doble discurso.
No se llamen a engaño. Yo los apoyo y aplaudo si vamos a luchar contra la minería ilegal. Yo les firmo lo que sea para limitar la minería legal a su mínima expresión. Pero los invito a hacer las cosas de otra manera. Firmeza no quiere decir interpretar las letras chiquitas de la ley. Firmeza es actuar derecho en derecho.
Partamos del concepto del “minismo infantil”. Ustedes que son ambientalistas lo saben. No se hagan. No hay minería que no dañe. La mitigación es casi imposible. La compensación no es la panacea, pero por lo menos es más pragmático. Y por cierto, defendamos nuestras áreas protegidas de la minería. A ultranza. Por esos derechos de la naturaleza que pusimos en esa constitución y solo se invoca a veces.
Pero como siempre, no todo es tan sencillo. Cuando uno lo mira de lejos puede parece así de fácil, pero a medida que uno se va acercando se hacen evidentes los matices.
¿Qué matices puede haber? La minera es una actividad dañina para el ambiente. Cualquier minería lo es. Basta con conocer cualquier mina para darse cuenta. Y no me refiero solo al ambiente compuestos por las plantitas y arbolitos, sino al ambiente humano. En “minismo infantil” pensar que luego de haber hecho minería a cielo abierto se puede restaurar algo y respetar los derechos de la naturaleza consagrados en la constitución. No se puede restaurar algo donde la misma base de la vida, el suelo, ha sido complemente eliminado. Por no hablar del agua que debe ser devuelta en iguales condiciones a las que fueron extraídas.
Lo único que me parecería ecológico de una minería es que con la plata que genere que conserve y de verdad una superficie igual o mayor a la destruida. Pero no en el mismo sitio. No se si entendieron. NO SE PUEDE. Pero reconozcamos con técnica y sinceridad que el sitio mismo de la mina quedará destruido. Creo que para poder seguir conversando tenemos que tener eso claro.
Los matices vienen por el lado de que el estado ecuatoriano y por ende nosotros podría beneficiarse de los recursos generados por la minería. Las cifras que mencionan los expertos son altas. Sería excelente contar con esos recursos para construir escuelas, capacitar maestros, mejorar el sistema de salud, continuar el trabajo con los discapacitados, construir mejores caminos, invertir en la conservación del patrimonio natural y cultural, mejorar los recursos para que exista una justicia más ágil. Tanta cosa buena se puede hacer con esa plata. A nivel del gobierno central y a nivel de gobiernos locales.
También supongo que la actividad generará empleo. Y eso es bueno. Que la gente pueda comprar comida, que pueda educar a sus hijos, cubrir sus necesidades de salud. Y por que no, darse gustos como viajar, comprarse un blackberry o un buen carro.
Los matices vienen por el lado de que en este juego no solo participan grandes inversores, que generalmente son unos hijos de puta, sino también gente con necesidades insatisfechas. Campesinos que prefieren una vida sacrificada en la mina que robar o pedir caridad.
Esta claro el dilema. Los bosques no da de comer, las minas si. Se puede discutir. Porque bien empleados, los bosques podrían generar ingresos que a lo mejor no son tan abrumadoramente gigantescos como los de la minería si son a largo plazo y en teoría sustentables. Estamos sentados en la mina de oro dice Rafael Correa. Yo pienso que estamos sentados en la mina de los bosques tropicales.
Entonces, volviendo al principio. Podría estar de acuerdo en que fue una buena idea dinamitar unas maquinas que estaban causando un claro perjuicio. Que en principio estaban violando la ley y la constitución mas verde de todas. Me imagino las piezas de metal reventándose y me deleito pensando que ya no se va a destruir más biodiversidad.
Pero la verdad, no creo que sea la manera más adecuada de enfrentar el problema. El precedente es nefasto. De cualquier manera, buena o mala, necesitamos una justicia que parta de un debido proceso. Lo otro es muy peligroso.
Un periodista afin al gobierno critica que los ecologistas no apoyen una medida como esta. Da a entender como que nuestro silencio es cómplice. Y yo le digo, que los que trabajamos seriamente por las causas ambientales hemos denunciado en diferentes espacios y publicaciones lo que pasa en Esmeraldas. Como la provincia verde ha pasado a ser café. Efectivamente no hemos logrado detener la tala. Quizás no hemos dado con la estrategia adecuada, pero nadie como nosotros, los serios, hemos puesto en la mesa de discusión el tema.
No nos escondemos. Pero no nos busquen para avalar una acción contraria a la ley y a la constitución. Asuman como gobierno las consecuencias de lo que están haciendo. Si la gente empieza a tomar medidas de justicia por mano propia para evitar la corrupción de la misma, no vayan a condenarlos con su descarado doble discurso.
No se llamen a engaño. Yo los apoyo y aplaudo si vamos a luchar contra la minería ilegal. Yo les firmo lo que sea para limitar la minería legal a su mínima expresión. Pero los invito a hacer las cosas de otra manera. Firmeza no quiere decir interpretar las letras chiquitas de la ley. Firmeza es actuar derecho en derecho.
Partamos del concepto del “minismo infantil”. Ustedes que son ambientalistas lo saben. No se hagan. No hay minería que no dañe. La mitigación es casi imposible. La compensación no es la panacea, pero por lo menos es más pragmático. Y por cierto, defendamos nuestras áreas protegidas de la minería. A ultranza. Por esos derechos de la naturaleza que pusimos en esa constitución y solo se invoca a veces.
domingo, 30 de enero de 2011
La plata no lo es todo, pero ayuda
La plata no lo es todo, pero ayuda….
Me llama la atención que para comprar unas tierras para establecer un área nacional de recreación se inviertan 48 millones de dólares. En principio uno hasta podría alegrarse de que el estado ecuatoriano invierta tal cantidad en un área protegida que constituye parte de nuestro patrimonio.
Pero resulta un poco contradictorio que un área con un valor ecológico limitado reciba tal financiamiento cuando otras áreas mucho más representativas no han recibido ese financiamiento en más de 30 años de existencia. Casi todo lo que se encuentra en dicha área (Los Samanes) ya estaría conservado en lugares como la Reserva Ecológica Manglares Churute o los bosques protectores Cerro Blanco, Cerro Colorado, El Paraíso, Manglares El Salado y otros.
Nadie niega que la ciudad de Guayaquil pueda necesitar más áreas de recreación. Pero la pregunta es si se agotaron todos los esfuerzos para que los gobiernos locales cumplan su papel en este campo. También me pregunto si más que declarar la zona un área de recreación, hubiera sido más costo-efectivo buscar algún acuerdo para el manejo del área por parte de sus dueños. No estamos hablando de una propiedad privada sino una propiedad estatal. Por lo tanto uno pensaría que un acuerdo de conservación interno hubiera sido posible. Se exploró esa posibilidad?
Me pregunto también, por qué en este caso, el Ministerio del Ambiente accedió de manera acelerada a comprar las tierras. En otras áreas protegidas, los conflictos de tierra han durado más de 10 años y no se han tomado acciones de esta naturaleza.
Nadie me ha preguntado pero me atrevo a dar unas ideas sueltas de lo que se hubiera podido hacer con 48 millones para conservar la biodiversidad del Ecuador:
- Financiar 3 años el costo integral del manejo de las áreas protegidas del Ecuador (4 millones de hectáreas vs 600 hectáreas)
- Desarrollar un proyecto de conservación del bosque seco en la costa ecuatoriana, un ecosistema críticamente amenazado y considerado una prioridad mundial
- Triplicar el Fondo Ambiental Nacional que cubre los gastos recurrentes de más de 15 áreas protegidas del Ecuador
- Cubrir el presupuesto anual del Ministerio del Ambiente
- Financiar el proyecto emblemático Socio Bosque por más 10 años
Por mas que soy un ferviente creyente de las áreas de conservación como una alternativa válida para la conservación de la biodiversidad, creo que no tiene sentido gastar tanta plata en un área con un valor ecológico tan bajo. O mejor, llamar a las cosas por su nombre.
Me llama la atención que para comprar unas tierras para establecer un área nacional de recreación se inviertan 48 millones de dólares. En principio uno hasta podría alegrarse de que el estado ecuatoriano invierta tal cantidad en un área protegida que constituye parte de nuestro patrimonio.
Pero resulta un poco contradictorio que un área con un valor ecológico limitado reciba tal financiamiento cuando otras áreas mucho más representativas no han recibido ese financiamiento en más de 30 años de existencia. Casi todo lo que se encuentra en dicha área (Los Samanes) ya estaría conservado en lugares como la Reserva Ecológica Manglares Churute o los bosques protectores Cerro Blanco, Cerro Colorado, El Paraíso, Manglares El Salado y otros.
Nadie niega que la ciudad de Guayaquil pueda necesitar más áreas de recreación. Pero la pregunta es si se agotaron todos los esfuerzos para que los gobiernos locales cumplan su papel en este campo. También me pregunto si más que declarar la zona un área de recreación, hubiera sido más costo-efectivo buscar algún acuerdo para el manejo del área por parte de sus dueños. No estamos hablando de una propiedad privada sino una propiedad estatal. Por lo tanto uno pensaría que un acuerdo de conservación interno hubiera sido posible. Se exploró esa posibilidad?
Me pregunto también, por qué en este caso, el Ministerio del Ambiente accedió de manera acelerada a comprar las tierras. En otras áreas protegidas, los conflictos de tierra han durado más de 10 años y no se han tomado acciones de esta naturaleza.
Nadie me ha preguntado pero me atrevo a dar unas ideas sueltas de lo que se hubiera podido hacer con 48 millones para conservar la biodiversidad del Ecuador:
- Financiar 3 años el costo integral del manejo de las áreas protegidas del Ecuador (4 millones de hectáreas vs 600 hectáreas)
- Desarrollar un proyecto de conservación del bosque seco en la costa ecuatoriana, un ecosistema críticamente amenazado y considerado una prioridad mundial
- Triplicar el Fondo Ambiental Nacional que cubre los gastos recurrentes de más de 15 áreas protegidas del Ecuador
- Cubrir el presupuesto anual del Ministerio del Ambiente
- Financiar el proyecto emblemático Socio Bosque por más 10 años
Por mas que soy un ferviente creyente de las áreas de conservación como una alternativa válida para la conservación de la biodiversidad, creo que no tiene sentido gastar tanta plata en un área con un valor ecológico tan bajo. O mejor, llamar a las cosas por su nombre.
Invasiones y Biodiversidad
Todos los fenómenos sociales pueden analizarse desde diferentes puntos de vista. Por eso me propongo analizar los asentamientos ilegales desde el punto de vista de la biodiversidad.
Quiero reconocer primero que dichos asentamientos responden a dinámicas muy complejas. Quizás el primer elemento importante a considerar es que las invasiones ocurren porque la gente necesita un lugar donde vivir. Mucha de esa gente son personas que han migrado del campo a las ciudades, entre otras cosas, porque las condiciones de vida en el campo son malas. Generalmente las construcciones son precarias y carecen de servicios básicos. Las condiciones de acceso y movilidad son limitadas. Y las oportunidades de empleo e ingresos son muy irregulares. Los servicios de educación y salud son deficientes. Y aunque mucha gente logra alimentarse (quizás sin nutrirse apropiadamente), la opción de migrar a las ciudades siempre está presente.
En muchos casos, la migración a la ciudad implica vivir con parientes en condiciones de hacinamiento o de incomodidad. Eso empuja a muchos a buscar una vivienda casi a cualquier precio. Tanto monetario como en dignidad. Ese sería el primer factor. Un factor que se debe trabajar porque controlar las invasiones será imposible si los flujos de migración no se detienen.
Aquí entra en juego un segundo factor importante que son los traficantes de tierras. Personas que generalmente se aprovechan de una necesidad real de la gente para enriquecerse. Por un lado, vendiendo terrenos que no son suyos y que por lo tanto no le han costado y por otro lado extorsionando a dueños de tierras para evitar que sus propiedades sean invadidas. Y en el intermedio, cobrando a los compradores de terrenos por diferentes servicios. Todo esto muchas veces implica violencia, engaño, estafa. Lo lógico sería que estos traficantes sean detenidos y juzgados pero en muchos casos son protegidos por los políticos de turno y por la justicia. A los políticos les interesan las relaciones con este tipo de gente por asegurar unos votos.
Ese sería el tercer factor. El trabajo que deben realizar los gobiernos locales y el gobierno central en lo relacionado al ordenamiento del territorio, provisión soluciones habitacionales y de servicios básicos, control y desalojo. Además, de las políticas para el desarrollo del agro y para evitar las migraciones. Es un trabajo complejo, de mucha técnica. Pero existen las herramientas. Falta la voluntad política. No siempre es fácil porque ordenar los usos del suelo no es popular, tiene costos políticos que nadie quiere asumir.
Y para complejizar el tema, aquí entra el tema ambiental. Generalmente, los asentamientos ilegales ocurren en las periferias de las ciudades, en espacios donde todavía existen ecosistemas naturales. Por lo tanto, la existencia de los asentamientos implica varios impactos a la biodiversidad. Por un lado, la destrucción directa de hábitats al eliminar coberturas naturales para establecer las viviendas, las vías y otras infraestructuras. También se suceden procesos de contaminación tanto del suelo como de los recursos hídricos por la carencia de servicios básicos y un manejo inadecuado de los desechos líquidos y sólidos. Otro elemento negativo es que muchas veces, se utilizan de manera indiscriminada los recursos de los bosques aledaños. Por ejemplo, leña o madera para las casas. También existe cacería que afecta a las poblaciones de fauna.
No se trata de escoger entre los pajaritos y la gente. Desde el punto de vista humano, siempre será más importante el ser humano. Pero resulta que la naturaleza y los ecosistemas naturales no son adorno sino que nos ofrecen los elementos más importantes para nuestra vida y para el desarrollo. Principalmente el agua para consumo humano, para el riego, para la generación de energía. También el aire puro y el almacenamiento de carbono que permite la vida en la tierra. Además de alimentos, medicinas, materias primas, espacios de recreación.
Nadie niega el derecho a las personas para buscar un espacio digno para vivir. Pero es una responsabilidad de la sociedad, y así lo establece la Constitución de la República, conservar la biodiversidad como un recurso estratégico para el desarrollo del país. Entonces, es necesario considerar las implicaciones de este fenómeno en la naturaleza. Es fundamental tomar las precauciones para evitar el impacto ambiental.
No es una tarea sencilla. Requiere un trabajo fuerte general para hacer del campo un lugar digno para vivir y evitar las migraciones masivas a las ciudades. Requiere un trabajo técnico y especializado de ordenamiento de uso del suelo. Requiere de políticas de vivienda agresivas en el buen sentido de la palabra. Requiere mano dura y control de las invasiones sin consideraciones electorales de por medio. Requiere una protección y manejo de las áreas naturales vulnerables a estos procesos de invasión.
La calidad de vida de nosotros mismos depende de que logremos enfrentar este tema de manera responsable.
Quiero reconocer primero que dichos asentamientos responden a dinámicas muy complejas. Quizás el primer elemento importante a considerar es que las invasiones ocurren porque la gente necesita un lugar donde vivir. Mucha de esa gente son personas que han migrado del campo a las ciudades, entre otras cosas, porque las condiciones de vida en el campo son malas. Generalmente las construcciones son precarias y carecen de servicios básicos. Las condiciones de acceso y movilidad son limitadas. Y las oportunidades de empleo e ingresos son muy irregulares. Los servicios de educación y salud son deficientes. Y aunque mucha gente logra alimentarse (quizás sin nutrirse apropiadamente), la opción de migrar a las ciudades siempre está presente.
En muchos casos, la migración a la ciudad implica vivir con parientes en condiciones de hacinamiento o de incomodidad. Eso empuja a muchos a buscar una vivienda casi a cualquier precio. Tanto monetario como en dignidad. Ese sería el primer factor. Un factor que se debe trabajar porque controlar las invasiones será imposible si los flujos de migración no se detienen.
Aquí entra en juego un segundo factor importante que son los traficantes de tierras. Personas que generalmente se aprovechan de una necesidad real de la gente para enriquecerse. Por un lado, vendiendo terrenos que no son suyos y que por lo tanto no le han costado y por otro lado extorsionando a dueños de tierras para evitar que sus propiedades sean invadidas. Y en el intermedio, cobrando a los compradores de terrenos por diferentes servicios. Todo esto muchas veces implica violencia, engaño, estafa. Lo lógico sería que estos traficantes sean detenidos y juzgados pero en muchos casos son protegidos por los políticos de turno y por la justicia. A los políticos les interesan las relaciones con este tipo de gente por asegurar unos votos.
Ese sería el tercer factor. El trabajo que deben realizar los gobiernos locales y el gobierno central en lo relacionado al ordenamiento del territorio, provisión soluciones habitacionales y de servicios básicos, control y desalojo. Además, de las políticas para el desarrollo del agro y para evitar las migraciones. Es un trabajo complejo, de mucha técnica. Pero existen las herramientas. Falta la voluntad política. No siempre es fácil porque ordenar los usos del suelo no es popular, tiene costos políticos que nadie quiere asumir.
Y para complejizar el tema, aquí entra el tema ambiental. Generalmente, los asentamientos ilegales ocurren en las periferias de las ciudades, en espacios donde todavía existen ecosistemas naturales. Por lo tanto, la existencia de los asentamientos implica varios impactos a la biodiversidad. Por un lado, la destrucción directa de hábitats al eliminar coberturas naturales para establecer las viviendas, las vías y otras infraestructuras. También se suceden procesos de contaminación tanto del suelo como de los recursos hídricos por la carencia de servicios básicos y un manejo inadecuado de los desechos líquidos y sólidos. Otro elemento negativo es que muchas veces, se utilizan de manera indiscriminada los recursos de los bosques aledaños. Por ejemplo, leña o madera para las casas. También existe cacería que afecta a las poblaciones de fauna.
No se trata de escoger entre los pajaritos y la gente. Desde el punto de vista humano, siempre será más importante el ser humano. Pero resulta que la naturaleza y los ecosistemas naturales no son adorno sino que nos ofrecen los elementos más importantes para nuestra vida y para el desarrollo. Principalmente el agua para consumo humano, para el riego, para la generación de energía. También el aire puro y el almacenamiento de carbono que permite la vida en la tierra. Además de alimentos, medicinas, materias primas, espacios de recreación.
Nadie niega el derecho a las personas para buscar un espacio digno para vivir. Pero es una responsabilidad de la sociedad, y así lo establece la Constitución de la República, conservar la biodiversidad como un recurso estratégico para el desarrollo del país. Entonces, es necesario considerar las implicaciones de este fenómeno en la naturaleza. Es fundamental tomar las precauciones para evitar el impacto ambiental.
No es una tarea sencilla. Requiere un trabajo fuerte general para hacer del campo un lugar digno para vivir y evitar las migraciones masivas a las ciudades. Requiere un trabajo técnico y especializado de ordenamiento de uso del suelo. Requiere de políticas de vivienda agresivas en el buen sentido de la palabra. Requiere mano dura y control de las invasiones sin consideraciones electorales de por medio. Requiere una protección y manejo de las áreas naturales vulnerables a estos procesos de invasión.
La calidad de vida de nosotros mismos depende de que logremos enfrentar este tema de manera responsable.
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